Juan Bravo denuncia que la política económica y laboral del Gobierno provoca que el 17,7% de los españoles se considere pobre

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Juan Bravo denuncia que la política económica y laboral del Gobierno de Pedro Sánchez provoca que el 17,7% de los españoles se considere pobre.

 

El vicesecretario de Economía contrasta los datos del CIS de 2019 con los últimos publicados en enero, en los que se destaca que los españoles que se consideran clase media han pasado del 65% al 55%, los que se consideran clase obrera han bajado del 21% al 11%.

 

Las consecuencias de una política económica

 

Bravo añade que ha aumentado más de 14 puntos los que se consideran clase baja o pobre: del 3% al 17,7%.

 

Denuncia que “tenemos 3,3 millones de personas que no tienen posibilidad de trabajar y 1 millón de puestos que no se cubren”.

 

Advierte que la inseguridad jurídica en materia laboral existente en España hace imposible la inversión y recuerda que sin inversión no habrá empleo y se ponen en riesgo los servicios públicos.

 

Sobre la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral, avisa que tiene que salir del acuerdo entre los que lo van a ejecutar: los trabajadores y los empleados.

 

La política económica debe analizar la productividad

 

“Lo que hay que analizar es la productividad”, destaca.

 

Afirma que nadie puede estar en contra de que se reduzca la jornada laboral y el sueldo no se pierda, pero pide al Ejecutivo que sume su esfuerzo al de los trabajadores y empresarios y rebaje cotizaciones sociales e IRPF.

 

Recuerda que, si el PP no hubiera exigido al Gobierno aplicar la exención del IRPF a la subida del salario mínimo interprofesional, el Estado se habría quedado el 44% de esa recaudación, problema extensible a las pensiones y los pensionistas.

 

Díaz apuesta por el conflicto

 

Cree que la ministra Yolanda Díaz busca “el conflicto” con su iniciativa de incorporar a los trabajadores a los consejos de administración de las empresas.

 

Recuerda, en este sentido, que “las empresas son la suma de sus trabajadores” y que en los consejos de administración se sientan “los que tienen responsabilidad directa sobre los resultados de la empresa”.

 

Denuncia que el impuesto a la banca no ha cumplido con el objetivo planteado por el Gobierno:

 

“Se dijo que era para ayudar a las familias hipotecadas. De lo recaudado, unos 1.500 millones de euros, ha llegado a las familias 0 euros”.

 

Echa en cara a María Jesús Montero el de reparto de déficit que ha impulsado antes de poner en marcha los Presupuestos:

 

“En la propuesta que ha hecho la ministra, el Estado se queda con el 97% y las comunidades autónomas con el 3%, Nosotros proponemos un reparto más equitativo”.

 

 

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